La falta de énfasis en la problemática ambiental, es debilidad de algunos gobiernos de izquierda. Esto les diferencia muy poco del sesgo anti-ecológico de la derecha y contradice la reivindicación de los derechos humanos, la participación ciudadana y otros aspectos plausibles del progresismo que avanza en América Latina.

El economista y político ecuatoriano Alberto Acosta critica –por ejemplo– que gobiernos suramericanos “de avanzada” como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador todavía “no ponen en duda la validez del modelo extractivista”, propio de las nefastas administraciones neoliberales.

Según este investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, la apertura del gobierno del presidente Rafael Correa a los proyectos de explotación minera metálica demuestra con claridad el problema señalado.

Para el también exministro de Energía y Minas, y fundador del gobernante Movimiento País, la actual crítica de comunidades indígenas y ONG´s ambientalistas a la “Revolución Ciudadana” que preside Correa se debe a contradicciones entre la “verde” Constitución y leyes como la de Minería, nociva al ecosistema ecuatoriano.

El gobierno salvadoreño podría cometer el mismo error, a juzgar por algunas declaraciones del Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) y actitudes del propio presidente Mauricio Funes, como continuar la represa El Chaparral y no emitir un decreto ejecutivo que prohíba la minería, a pesar de rechazarla públicamente.

 El MARN ha dicho a –la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica y al Foro Nacional del Agua– que ahora no es momento apropiado para impulsar una nueva Ley de Minería, ni promover normativas que regulen el uso del vital líquido (Ley General de Aguas y Ley del Subsector de Agua Potable).

Al partir de la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa dominada por la derecha, es realista la postura de la cartera ejecutiva en cuestión. Sin embargo, ésta no es la justificación dada por sus titulares. Uno de ellos, retó recientemente a representantes ambientalistas: “¡convénzanme de la necesidad de una Ley del Agua!”. La prioridad del primer gobierno de izquierda es la crisis económica, no la ecológica. Deberían ser las dos, sobre todo porque esta última es irreversible. En materia económica El Salvador es de los países más vulnerables, dada la herencia de los gobiernos de ARENA, y ambientalmente es el segundo más degradado, después de Haití.

El presidente Funes y su gabinete deben redefinir o ampliar sus prioridades. Para esto cuenta con el respaldo de la mayoría de la población que avala su trabajo en las encuestas y –más decididamente– de las organizaciones ciudadanas, cuyo conoci-miento técnico y experiencia de lucha aportarán significativamente.