Además de confirmar la necesidad de revertir el CAFTA –o al menos derogar sus aspectos más nocivos– y revisar acuerdos bilaterales de inversión, la demanda de Pacific Rim contra el Estado salvadoreño plantea nuevos argumentos para objetar –parcial o totalmente– el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), cuya negociación fue suspendida tras el golpe de Estado en Honduras.

El AdA es presentado –principalmente por sus negociadores europeos– como un tratado distinto al CAFTA, dada la incorporación de dos elementos adicionales al contenido comercial: la cooperación económica y el diálogo político.

Sin embargo, para organizaciones civiles como la Red Ciudadana frente al Comercio e Inversión Sinti Techan y la Alianza Social Continental, el AdA más bien constituye un “CAFTA Plus”, dado que las empresas europeas exigen a los gobiernos centroamericanos conceder beneficios similares o mayores a los otorgados a las compañías estadounidenses en el CAFTA.

En ese sentido, las transnacionales europeas buscan que el AdA incluya disposiciones similares a las del Capítulo de Inversiones del CAFTA, que permiten a Pacific Rim enjuiciar a El Salvador por negarle permisos de explotación minera.

Así empresas europeas establecidas en Centroamérica o venidas después de aprobado el AdA podrían imponer sus intereses cuando sean afectados por decisiones gubernamentales tendientes proteger el medioambiente, cumplir derechos laborales, resguardar recursos naturales, garantizar la soberanía alimentaria, defender a grupos vulnerables, evitar riesgos socioambientales, etc.

Y esto harían no sólo compañías españolas, francesas, italianas, etc., sino cualquier empresa rusa, japonesa o australiana que tenga como socios a ciudadanos europeos. Pacific Rim incluyó a un accionista estadounidense para acogerse al CAFTA.

Amparada al CAFTA, Pacific Rim exige al país 100 millones de dólares como indemnización. La transnacional estadounidense Commerce Group extorsiona con igual cantidad de dinero, además pide que se restituya la licencia de explotación que le fue suspendida por contaminar el Río San Sebastián (Santa Rosa de Lima) y causar irreversibles daños ecológicos, económicos y sociales en  La Unión.

Si no se modifica el CAFTA, y todas las empresas que obtuvieron permisos de exploración minera demandan al Estado salvadoreño, el país pagaría varios cientos o miles de millones de dólares, si fuera condenado.

Y si el AdA aprobado estableciera mecanismos –similares a los del CAFTA– que viabilicen demandas de compañías europeas, el escenario sería peor. En julio de este año, el gobierno de Ecuador no tuvo más opción que renunciar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), luego de acumular 13 mil millones de dólares en demandas de empresas transnacionales.

*Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.